Privatización de Intercargo: ¿Negocio para el Estado o Símbolo de la Desinversión?
La posible privatización de Intercargo, una empresa pública superavitaria, levanta sospechas sobre su valuación y el verdadero beneficio para el Estado. Entre cuestionamientos, el gobierno avanza en un plan que genera más interrogantes que certezas sobre la gestión de activos públicos.
En un contexto donde la tijera del gasto público no da tregua y la mantra de la eficiencia estatal resuena con fuerza, la inminente privatización de empresas públicas vuelve a ser tema de debate. Y en el ojo de la tormenta, por estos días, se encuentra Intercargo, la prestadora de servicios de rampa en aeropuertos, cuya posible venta genera una serie de interrogantes que van más allá de lo meramente económico. El gobierno, inmerso en su cruzada por achicar el Estado, parece avanzar sin contemplaciones, pero las cifras que rodean a esta operación levantan más de una ceja crítica.
Intercargo: ¿Un Negocio para el Estado o un Patrimonio Subvaluado?
Intercargo no es una empresa más en la lista de activos a desinvertir. Es, según informes y voces críticas que empiezan a multiplicarse, una entidad superavitaria, un dato que de por sí debería invitar a la cautela. Se señala que la compañía cuenta con activos corrientes valuados en aproximadamente 55 millones de dólares. Sin embargo, su valuación para la privatización, al menos la que trasciende públicamente, se ubicaría en torno a los 45 millones de dólares. Esta diferencia, de unos diez millones de dólares, dispara las alarmas. ¿Cómo es posible que una empresa que genera ganancias y posee un patrimonio considerable sea valuada por debajo de sus propios activos?
Esta aparente subvaluación sugiere que, lejos de ser un negocio ventajoso para el erario público, la operación podría implicar una descapitalización del Estado. En un país que tanto necesita recursos y donde cada dólar cuenta, desprenderse de un activo rentable por menos de lo que vale no solo es cuestionable, sino que podría ser visto como una gestión irresponsable del patrimonio de todos los argentinos. En un escenario de ajustes y austeridad, la prudencia y la maximización del valor de los bienes públicos deberían ser pilares fundamentales de la gestión.
La Lógica Detrás de la Venta: Eficiencia vs. Ideología
El argumento central del gobierno para avanzar en las privatizaciones suele ser la ineficiencia de la administración pública y la necesidad de reducir el gasto. Se busca una mayor eficiencia operativa y una menor carga para las arcas estatales, en línea con la filosofía de un Estado mínimo. Sin embargo, el caso de Intercargo parece contradecir este relato. Si la empresa es superavitaria, ¿dónde radica la ineficiencia que justifique su venta? La respuesta no es tan obvia y merece una explicación detallada por parte de las autoridades.
Es posible que la lógica detrás de esta decisión no sea puramente económica, sino ideológica. La premisa de que “todo lo estatal es malo” o “el Estado no debe ser empresario” podría estar pesando más que los números fríos. Si bien es legítimo debatir el rol del Estado en la economía, ignorar la rentabilidad y el valor real de una empresa al momento de venderla, en nombre de un principio abstracto, podría terminar siendo contraproducente y costoso para la sociedad. La experiencia argentina con privatizaciones, tanto exitosas como fallidas, debería ser un recordatorio de que cada caso merece un análisis detallado y, sobre todo, transparente.
Opacidad y el Riesgo de un Mal Negocio
La falta de transparencia en los procesos de valuación y licitación es uno de los mayores peligros que entrañan estas operaciones. Cuando no hay claridad sobre cómo se llega a un precio, o cuando las estimaciones oficiales chocan con las evaluaciones de sus propios activos, la sospecha de un “mal negocio” o, peor aún, de favorecer a ciertos actores, se vuelve inevitable. ¿Quiénes son los posibles compradores? ¿Hay intereses específicos detrás de esta operación? Estas preguntas, que todavía no tienen respuestas claras, alimentan el escepticismo.
La celeridad con la que se quiere avanzar en la desinversión, sumada a la aparente subvaluación, genera un escenario de incertidumbre donde la premura podría estar por encima de la prudencia. Las consecuencias de una privatización mal gestionada son múltiples. Además de la pérdida económica directa para el Estado, existe el riesgo de crear monopolios o duopolios en un sector clave como el aeroportuario, lo que podría derivar en mayores costos para los usuarios y una disminución de la calidad del servicio. Es un equilibrio delicado entre desregular y garantizar la competencia, y los antecedentes nos invitan a ser extremadamente cautelosos.
El Debate Permanente: Rol del Estado y Gestión Pública
El caso Intercargo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un debate histórico y recurrente en Argentina sobre el rol del Estado en la economía y la gestión de sus activos. Las privatizaciones de los años '90 dejaron lecciones agridulces, donde la eficiencia prometida no siempre se tradujo en beneficios para la sociedad, y en muchos casos, la riqueza nacional terminó en manos privadas a precios irrisorios. Si bien el contexto actual y los objetivos pueden ser distintos, la memoria colectiva exige un cuidado extremo.
La venta de empresas públicas debe ser un proceso escrupuloso, con controles estrictos y la máxima publicidad. En un momento de recortes y ajustes, donde a los ciudadanos se les pide un esfuerzo enorme, el gobierno tiene la obligación moral de demostrar que la gestión de los bienes comunes es impecable y beneficia al conjunto, no a unos pocos. Los activos del Estado no son un botín; son el patrimonio de la nación, y su disposición debe ser intachable.
Hacia una Gestión Transparente de los Bienes Públicos
La privatización de Intercargo, si bien puede ser vista como un paso más en la hoja de ruta del gobierno para reconfigurar el Estado, debería ser abordada con la mayor rigurosidad y transparencia posible. Los cuestionamientos sobre su valuación no pueden ser desestimados; merecen explicaciones claras y documentadas. El éxito de una política de desinversión no se mide solo por la cantidad de empresas vendidas, sino por la calidad de esas operaciones y por el beneficio real que reportan a la sociedad. En tiempos de incertidumbre económica y social, la confianza en la gestión pública es un activo invaluable, y cualquier indicio de opacidad o subvaloración lo erosiona de manera irreversible. Es hora de que el Estado demuestre que puede vender bien, si es que decide vender, cuidando el bolsillo de todos.